Marihuana: ¿Cuál es el verdadero debate?

La discusión sobre la reforma de los marcos legales en relación a la marihuana tiene ya varios años en nuestro país. Hemos participado en varios de los espacios de debate generados al respecto y en todos detectamos una misma lógica: se propone la despenalización/legalización como solución absoluta a todas las dificultades de salud y de seguridad relacionadas con el consumo de marihuana y se postula esto directa o indirectamente como un modelo a seguir con las demás sustancias psicoactivas.

Esta lógica tiene varios detalles a considerar. En principio se propone como una discusión unidimensional: solo incluye como elemento a discutir el status legal de la sustancia. Para lo cual se han elaborado diferentes estrategias de fundamentación que en todos los casos tienen como objetivo -y efecto- la banalización y desproblematización de las prácticas de consumo de cannabis, siempre tomando como referencia a un consumidor ideal varón, adulto, de clase media. En ese camino se soslaya un tema central como lo es el impacto del consumo de marihuana -con un principio activo que triplicó su potencia en los último 20 años- en niños, niñas y adolescentes. Tema de suma importancia porque las edades de inicio en niños, niñas y adolescentes escolarizados es de 13 años y en la misma población no escolarizada se sitúa ente los 11 y los 12 (sin tener en cuenta que en niños, niñas y adolescentes en situación de calle la edad de inicio desciende aún más).

También se soslaya la dimensión de las políticas públicas sobre drogas. La OEA sostiene en su “Informe analítico sobre el problema de las drogas en las américas” (OEA, 2013) que “Cuanto mayor sea la capacidad para tratar con las consecuencias del uso y abuso de drogas, menor será el daño causado por el aumento del uso y abuso que probablemente resulte si las prohibiciones sobre la producción, venta y uso son reducidas o eliminadas” ( OEA, 2013 p. 98). Lo cual no es un dato menor. La despenalización / legalización tiene consecuencias, y evitar su gravedad depende de lo que el Estado está dispuesto a hacer en materia de atención. En nuestro país se discute fuerte sobre la despenalización de la marihuana; se discute fuerte sobre narcotráfico; se discute fuerte sobre el marco de derechos para la atención en salud mental; pero no se discute en absoluto sobre las condiciones políticas y financieras de construcción de un sistema de salud y una red de atención que contenga y acoja la creciente demanda de tratamiento, a la vez que atienda la acuciante necesidad de una estrategia nacional real de prevención y educación en materia de salud y drogas.

Hoy tenemos una legislación que no incluye -por decisión política- los términos “Comunidad Terapéutica” e “Internación”; que reconoce a desgano a las OSC especializadas en atención de las adicciones, entre otras cosas porque la especialización es tomada como una mala práctica, y la sociedad civil es vista con bastantes prejuicios y cierto desdén (o directamente desprecio); que al cuestionar la especialización arremete contra la especificidad de los problemas que plantea el consumo problemático de drogas, al punto que lo hace desaparecer como tal y solamente lo considera como un problema más dentro del campo de la salud mental; que como lo demuestran varios acontecimientos recientes, ha instalado un discurso políticamente correcto con efectos superestructurales pero sin una traducción real y transformadora de la realidad. Discurso que, además, se torna excluyente de otros discursos posibles como el de la sociedad civil.

El paulatino deterioro de la red de OSC que reciben y gestionan entre el 60 y el 80% de la demanda de tratamientos por adicciones debido a la precarización creciente de la inversión estatal, a la pregnancia del discurso de no internación que adoptan las obras sociales -por cuestiones que tienen más que ver con cálculos económicos que con la salud de sus afiliados-, tendrá una enorme impacto negativo en los sectores populares y medios que se verán forzados a recurrir a la red ilegal de pseudorganizaciones  que proponen “tratamientos” sustentados en el engaño y la coerción, y lucran descaradamente con la desesperación de las familias. Esto es así porque los hospitales generales no tienen condiciones para transformarse en los únicos referentes institucionales para el abordaje de las adicciones, ni para constituirse en el único lugar posible para realizar internaciones, que solo están planteadas en términos de urgencias y no de programas de mediano y largo alcance. Más allá de la pandemia, y salvo muy específicas excepciones, los hospitales no tienen ni la estructura, ni los equipos, ni la expertisse, ni la filosofía ni el conocimiento para hacerlo. Como tampoco la tienen los enfoques comunitarios o territoriales por sí solos.

Para no poner el carro delante del caballo, creemos que esta es la discusión que debemos dar y resolver para consensuar un marco dentro del cual el debate sobre el status legal de la marihuana sea apropiado. Hasta tanto esto no ocurra, las ilusiones, la magia y la corrección política seguirán cobrándose vidas.